De entre todas la conclusiones que se están extrayendo de las consecuencias de la crisis de la Covid-19, una de las más citadas es el protagonismo que debe asumir el conocido como tercer sector. Dentro de este ámbito encontramos a asociaciones, fundaciones y cooperativas de carácter social que trabajan para ofrecer servicios a la sociedad de interés general.
Se trata de un sector clave para combatir la crisis producida por la pandemia, a través de políticas de innovación social. Un conjunto que alcanza en la actualidad las 27.000 entidades solidarias y que emplea en nuestro país a cerca de medio millón de personas que trabajan por los colectivos y personas más vulnerables.
Con su visión de un crecimiento sostenible, la inclusión y la igualdad, el tercer sector apuesta también por reinventarse a través de la transformación digital como otro de los grandes retos que tiene por delante la sociedad actual. Así como traspasar la connotación científica del I+D+i , llevándolo al campo de la innovación social y la persona como eje de cualquier iniciativa.
Pero, para todo ello, reclaman la puesta en marcha de una Ley del Tercer Sector por el gobierno, que aglutine las necesidades de las entidades y reconozca de pleno derecho sus funciones de interés social y de interlocutores en las políticas públicas.
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